Asimismo, el Frente de Trabajadores/as Estatales se pronunció sobre la situación general sobre la protección a los DD.HH. y falencias institucionales
Este martes 05 de noviembre se dio continuidad al Paro Nacional Progresivo de la ANEF. En Santiago, la principal acción de protesta fue una Concentración en Plaza Los Héroes. Lamentablemente, cuando un grupo de estudiantes se quería unir a la manifestación pacífica fueron inmediatamente reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros. Sin la intervención de dirigentes la situación se hubiese agudizado.
Con la custodia de Fuerzas Especiales, la ANEF reiteró su llamado a los parlamentarios a efectuar una huelga legislativa en rechazo a la mal llamada “Agenda Social” propuesta por el Ejecutivo y, también, para retirar los proyectos de ley que son regresivos en materia de derechos sociales, como el de Modernización Tributaria, Sala Cuna Universal, Reforma Laboral y Previsional, entre otros.
A su vez, la Agrupación exigió al gobierno dar respuestas reales a las demandas populares. “No somos un país pobre, somos un país desigual. Por eso, es importante seguir movilizados, seguir en esta unidad en la acción, hacer un esfuerzo para comunicar e informar, hasta lograr cambios estructurales que nos permitan vivir en país más justo, con más justicia y derechos sociales”, alentó el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli.
Además, la Confederación pidió que en este contexto de crisis social el gobierno debe instruir a todos los jefes de servicios a respetar la dignidad y condiciones laborales de todos los funcionarios públicos.
Finalmente, el Consejo de Presidentes/as y Delegados/as de Asociaciones base de la Agrupación definió seguir con el Paro Nacional Progresivo hasta -al menos- el próximo martes 12 de noviembre, fecha fijada para ejecutar una gran Huelga General de todos los sectores del país.
Frente de Trabajadores/as Estatales plantea sus demandas a la autoridad
Por otro lado, se pronunció el Frente de Trabajadores/as Estatales, ante las masivas denuncias de violación de derechos humanos que han sido conocidas y reportadas por la ciudadanía en las últimas semanas, en el contexto de crisis social que vive nuestro país.
En ese contexto, señalaron «las declaraciones públicas de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, que buscan ocultar y/o minimizar los graves hechos de violencia ejercidos por parte de agentes del Estado. Constatando, con preocupación, que la institucionalidad de protección de los derechos humanos se encuentra sobrepasada y que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para ejercer su misión».
De esa manera, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF – y las Asociaciones de Funcionarias/os Públicas/os abajo firmantes, representativas de las instituciones del Estado que cumplen funciones y responsabilidades directas en la promoción y protección de los derechos humanos, en nuestra condición de representantes sindicales, hemos decidido organizarnos y constituir el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, como espacio de diálogo y trabajo colaborativo.
En este contexto, y asumiendo plenamente su gravedad y complejidad, este Frente hace el siguiente llamado a la ciudadanía, pero con particular urgencia a las autoridades responsables:
- Expresamos nuestro respaldo a la denuncias que se han realizado y hacemos un urgente llamado a la población para que toda persona cuyos derechos humanos han sido vulnerados, en el contexto de la movilización social, formalice la denuncia, a fin que los hechos sean debidamente investigados.
- Proponemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a requerir al gobierno se traslade en comisión de servicio a los/as funcionarios/as públicos/as de otras reparticiones que estén dispuestos a ser voluntarios/as en las tareas del INDH y cuenten con las competencias técnicas y profesionales para apoyar sus tareas en esta situación de crisis. Asimismo, proponemos que se amplíen estas medidas a los/as profesionales abogados/as voluntarios/as que se ofrezcan para la presentación de querellas y seguimiento de los procesos que implican.
- Instamos al Ministerio Público a tomar las medidas institucionales pertinentes para incentivar la realización de denuncias, acercando este procedimiento a la población, como por ejemplo a los lugares de primera llegada de las víctimas, como lo son los hospitales, consultorios, y comisarías. En el caso de las dependencias de Carabineros, resulta indispensable que los fiscales actuantes no sólo procesen las denuncias entregadas por dicha institución, sino que establezcan procedimientos que garanticen el derecho de cada persona a denunciar las vulneraciones de derechos a las que pudiera haber sido sometida.
- Instamos asimismo a la Defensoría Penal Pública a tomar medidas institucionales para instruir en la misma dirección recién mencionada, respecto del rol institucional que les corresponde en la provisión de la defensa penal, garantizando que efectivamente se realicen y se continúe con el procedimiento de seguimiento de las denuncias de las personas que representan cuando estas se han puesto en conocimiento del juez de garantía.
- Requerimos al Servicio Médico Legal para que active de forma plena los Protocolos de Minnesota y de Estambul, particularmente respecto de las instalación de supervisión imparcial y de acceso a la prensa para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones. Asimismo, resulta indispensable el fortalecimiento del equipo que realiza este tipo de peritajes, y que se garantice la celeridad de las atenciones.
- Exigimos a las autoridades del Ministerio y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, las Sras. Isabel Plá y María Carolina Plaza respectivamente, así como a la del Instituto Nacional de la Juventud, el Sr. Mirko Salfate, que terminen con el silencio que han mantenido y actúen en concordancia con su mandato institucional y tomen medidas activas para proteger a las víctimas de violación de derechos humanos.
- Finalmente, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional para el año 2020, demandamos a los/as parlamentarios/as que incorporen partidas presupuestarias que fortalezcan la institucionalidad de derechos humanos, particularmente, como una lección de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo, proponemos que se instauren partidas presupuestarias especiales asignadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que permitan a esa institución gatillar recursos adicionales para enfrentar situaciones de crisis cuyo uso sea resorte exclusivo y autónomo de dicha institución y no dependan de la definición del Ejecutivo.
Asimismo, resulta indispensable que se garanticen los recursos necesarios para los largos procesos de denuncia, investigación, sanción y reparación que vendrán por delante.
Finalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a todos/as los/as funcionarios/as del Estado a movilizarse y trabajar conjuntamente para que estos hechos no sigan produciéndose y reafirmemos nuestra convicción de ser participantes activos de la lucha social por reivindicar nuestros derechos, y los de las mayorías de nuestro país, que hoy se han levantado como banderas de la Movilización Ciudadana.
Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos:
- Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
- Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ANFUDDHH
- Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, AFFINDH
- Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH, ANDEDH
- Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUSEM
- Asociación de Funcionarios/as del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ANFUMEGG
- Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, AFINJUV
- Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP
- Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, AFFREMCEN
- Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, ANFMSL
- Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, AFUDEP
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