Durante la madrugada, 3 de ellos fueron detenidos por orden de la Fiscalía de Limache, por petición de la Intendencia. Comuneros denuncian que Carabineros les negó el libre tránsito por su propio predio.
(Información vía reportes de redes sociales de Salvemos La Dormida, concejal Pablo Altamirano, más informes de otras autoridades)
Cerca de las 4 de la mañana de este jueves 11 de abril, personal del Grupo de Operaciones Especiales, GOPE, de Carabineros de Chile, procedió a ingresar al predio de la comunidad de La Campana, en Olmué, y detuvo a 3 de las 6 personas que permanecían en la torre 826, de la carretera eléctrica LT Cardones-Polpaico, de InterChile.
Esta protesta se debe al emplazamiento de este cordón de torres sobre la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana-Peñuelas, que organizaciones han denunciado como de un daño irreparable y con vicios de legalidad. Es el caso de la organización Salvemos La Campana, que desde hace 10 días está exigiendo detener el proyecto: «Se emplazará a la autoridad a hacerse presente en el territorio y acceder a suspender los trabajos mientras se mantienen en tramitación las numerosas solicitudes de revisión del proyecto y especialmente de la invalidación de la resolución de calificación ambiental (RCA) que tiene vicios evidentes no solucionados», mencionaron en una convocatoria que estaba prevista para mañana viernes.
En el siguiente vídeo, se puede apreciar el vehículo del GOPE que ingresó a las 4 de la madrugada:
Durante la mañana, siguieron las gestiones para poder autorizar el ingreso tanto de los comuneros como de abogados y otras autoridades, además de la prensa. El concejal de Olmué, Pablo Altamirano, tuvo que intervenir y por momentos estuvo muy tensa la situación. En nuestro Facebook informábamos que «El
General Zenteno (a cargo del procedimiento policial), no descarta hacer ingreso del GOPE para forzar la bajada de los ocupantes de la torre. El riesgo es alto pues, según manifestaron testigos, no cederán su postura y se pueden hasta lanzar con tal de defender su postura: No a las torres de LT Cardones Polpaico. Tampoco hay personal de ambulancias o médico en el lugar«, como lo relata el mismo concejal Altamirano:
LA QUERELLA DESDE LA INTENDENCIA QUE «JUSITFICÓ» LA DETENCIÓN DE LA MADRUGADA
A esas alutras, pasado el mediodía, la Intendencia de Valparaíso anunciaba, por medio de un comunicado de prensa que «el Intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez Durán, presentó una denuncia en contra de “todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, del delito contemplado en el artículo 272 del Código Penal y todos los que se deriven en el curso de la investigación”, en relación a la ocupación no autorizada de la torre de alta tensión N° 826 del proyecto “LT Cardones Polpaico”, en el sector de La Dormida». Todo esto, bajo la premisa de que «la convicción de que se trata de un proyecto beneficioso para todo el país y que cumple con todas las exigencias, que el Intendente Regional ha invocado el artículo 272 del Código Penal, referido a quien “por vía de hecho se hubiere opuesto, sin motivo justificado, a la ejecución de trabajos públicos ordenados o permitidos por la autoridad competente”.
La crítica de las organizaciones sociales y ambientales, así como de algunas autoridades locales, radica en el hecho que han fallecido 7 personas en los últimos 6 meses, por dos sendos accidentes de helicóptero de empresas contratistas de Inter Chile, y esta empresa sigue con los trabajos como si nada.
LAS CONSECUENCIAS EN LA TARDE
En la tarde, personal del GOPE ascendió a la torre 826 para tratar de bajar a las personas que aún permanecían en ella. Solo se logró convencer a una mujer y los otros dos ocupantes, desafiando a los funcionarios policiales, ascendieron a lo más alto de la torre, unos 70 metros, y se pusieron a ambos lados de la estrucutra, sin arnés de seguridad. Esta temeraria acción obligó a salir, momentáneamente de la torre, al personal del GOPE:
GESTIONES PARA EL ACUERDO
Al cierre de esta nota, se hizo presente el senador Juan Ignacio Latorre, para mediar entre la policía uniformada y los ocupantes de la torre 826. Un poco antes, el diputado Diego Ibáñez y la consejera regional Valeria Melipillán habían expresado que «En vista de los hechos, existen dudas de la legalidad del procedimiento efectuado por personal del GOPE, exigimos una explicación, y estamos a la espera de lo que determine el Juzgado de Garantía en audiencia de control de detención. Aun así, consideramos desproporcionada la medida adoptada por Carabineros ya que no actuó acorde al cargo de «desórdenes» que se formula, y creemos que la Gobernación Provincial debe asumir las responsabilidades políticas del caso».
También indicaron que tienen la «firme convicción» de que se deben respetar los derechos fundamentales de las personas presentes en la Comunidad La Dormida.
Un dato: según Salvemos La Campana, el Tribunal Ambiental ordenó al SEA acoger a trámite la invalidación de la resolución de calificación ambiental del proyecto Cardones-Polpaico:
Deje su comentario en su plataforma preferida